Muchos ciudadanos egipcios ven al Ejército como al salvador del caos en el que está sumido el país.

 

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GIANLUIGI GUERCIA/AFP/Getty Images

 

¿Existe la posibilidad de la vuelta de los militares al poder en Egipto? La intervención militar aparece cada vez más plausible en la esfera política.

Muchos coptos (la comunidad cristiana más numerosa de la región con alrededor de un 12% de la población) verían con buenos ojos una vuelta del Ejército a la política doméstica – incluso un golpe militar. Igual sucede con los seguidores de los fulul (miembros del antiguo régimen) y en general la mayoría silenciosa cada vez más harta de la anarquía. Argumentan que el país está en un estado de caos político y quebranto económico insostenible por culpa de la ineficacia del presidente en sus nueve meses de gestión. Apuntan asimismo a la creciente violencia y al empeoramiento de la situación de los derechos humanos, violaciones de las libertades civiles y la islamización de la sociedad.

La policía, incapaz de mantener el orden en las ciudades, no ve con buenos ojos que los militares asuman, cada vez más, esta función. Las comisarías de, al menos, diez provincias del país permanecen cerradas debido a una huelga policial (los agentes exigen que no se les obligue a enfrentarse con los manifestantes). Los policías se retiraron de las calles de la ciudad de Port Said cediendo el control de la seguridad al Ejército, en vísperas de la sentencia definitiva contra los acusados por la masacre en el estadio de fútbol sucedidos allí en 2012.

La Fiscalía General ha decidido permitir a los ciudadanos retener y entregar a los agentes a todas las personas supuestamente implicadas en disturbios o en delitos. La decisión, aunque rechazada por los miembros del partido en el Gobierno, Libertad y Justicia, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, viene a ser el anuncio oficial para que las milicias afines al Ejecutivo sustituyan a la policía.

Los coptos creen que los militares pondrían fin a los graves trastornos políticos y económicos, además de poner coto a la islamización de la sociedad. Llama la atención esta confianza pese al recuerdo de la masacre ocurrida el 11 de octubre de 2011 en Maspero, frente al edificio de la televisión estatal. En aquella ocasión 28 manifestantes coptos murieron a manos de los militares durante una protesta por los repetidos ataques contra las iglesias durante la etapa de transición. Hubo quejas por la manipulación ocurrida cuando la Junta Militar anunció que las mismas Fuerzas Armadas llevarían a cabo una investigación sobre los hechos. Nunca ha llegado a saberse qué ocurrió realmente. En los últimos días se han reproducido los choques entre musulmanes y la minoría cristiana.

Entre los que se oponen a la vuelta del Ejército a la política, incluso aquellos descontentos con la gestión islamista, se recuerda que los militares no fueron capaces de encauzar el periodo de transición post revolucionario. Un golpe militar ahora supondría acabar, deliberadamente, con el proceso democrático iniciado con la revolución del 25 de enero de 2011.

Pero, ¿qué espacio queda para la democracia en un país que se deshace? Hay más pobreza y más frustración. La economía está al borde de la ruina: con los precios de productos básicos inalcanzables para la mayoría, la demanda interna hundida y la libra devaluada. La polarización y el sectarismo religioso van en aumento. Las mujeres son marginadas cuando no violentadas….

Sin embargo, el poder militar no muestra, de momento, interés por volver a la política. Su gestión durante la transición resultó complicada y muy criticada.

A la espera del curso que toman los acontecimientos el Ejército continúa siendo una auténtica autoridad paralela en el Estado. Ha logrado mantener el control sobre su status pre revolucionario sin tener que rendir cuentas al poder civil. Es posible que ello sea producto de un pacto con los Hermanos Musulmanes puesto que el Gobierno islamista continúa a merced de los militares, a quienes necesitan para su protección en la presente anarquía.

La nueva Constitución, aprobada en el controvertido referéndum de diciembre, permite a los tribunales militares juzgar a civiles en casos “excepcionales” en que se produzca un “perjuicio al Ejército”. Una formulación vaga, inconcreta y abierta a interpretación. El ministro de Defensa deberá pertenecer al Ejército y será elegido para el cargo por los propios militares, se instituye un nuevo Consejo Nacional de Defensa que integrará a los principales cargos civiles políticos y militares, y que tendrá competencia para controlar los presupuestos militares y opinar sobre las leyes que afecten a las Fuerzas Armadas.

El Ejército egipcio cuenta con un personal de casi 460.000 miembros y tiene vastas posesiones de tierras y de empresas. Su función social es importante ya que provee de empleos y de un sentido de identidad nacional a muchos egipcios. Por otra parte, calcular el tamaño de los negocios e industrias de propiedad militar es muy difícil y se estima que representan alrededor de un 40% del PIB. La mayoría de los gobernadores provinciales son oficiales retirados y muchas de las grandes instituciones civiles y empresas del sector público están dirigidas por antiguos generales.

Los ingresos de las Fuerzas Armadas son considerados como “secreto de Estado”. Se estipula que el presupuesto militar no será sometido a control parlamentario cuando en la mayoría de los países del mundo están sujetos a supervisión de los Parlamentos. Egipto es el segundo receptor de ayuda militar estadounidense por detrás de Israel y recibe 1.300 millones de dólares anuales (cerca de 1.000 millones de euros), además de 250 millones en asistencia económica.

En los 34 años de asociación en materia de seguridad, Washington ha entregado 224 aviones de combate F-16 a El Cairo. A lo largo de 2013 se espera la llegada de hasta 20 más: muestra de un vínculo que sigue considerando indispensable. El programa de Financiación Militar estadounidense está destinado a mejorar las capacidades defensivas egipcias para respaldar su contribución a la seguridad regional.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, prometió 250 millones de dólares adicionales en ayudas en su pasada visita a Egipto. La oposición ha criticado el respaldo incondicional de la Administración Obama a un Gobierno islamista como ya hiciera con el anterior militar. Pero el gran valor que EE UU da a la cooperación y asistencia militar implica una gran cautela en este ámbito considerando siempre el largo plazo.

EE UU ha comprometido 450 millones de dólares para contribuir a sanear las cuentas públicas de Egipto. Si Washington se decide a presionar a El Cairo –por ejemplo en lo relativo al deterioro de la libertad de expresión– lo hará utilizando la ayuda económica pero sin poner en juego la asistencia militar.

La reciente reunión a puerta cerrada del presidente Mohamed Mursi con el ministro de Defensa, Abdel Fattah al Sisi, no indica una química particularmente buena entre ambos. Se ha especulado que Mursi planeaba cesarle, designado en agosto tras deshacerse de los líderes del Consejo Supremo las Fuerzas Armadas que habían llevado las riendas del país desde la destitución del presidente depuesto, Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011.

Al Sisi afirma que las Fuerzas Armadas –probablemente el más sólido pilar del Estado– se encuentran preparadas para intervenir en la caótica escena política en caso de una “emergencia nacional”. De acuerdo con la Constitución el Ejército tiene el “derecho” a proteger el país.

El Ejército tiene luz verde para cooperar con la policía en el mantenimiento del orden. La Shura (Cámara Alta del Parlamento) incluso les faculta para arrestar civiles hasta el final de las elecciones parlamentarias previstas para la primavera. Es muy dudoso que éstas se celebren. La oposición ha rechazado el diálogo nacional que ha convocado Mursi. Ha llamado a boicotear los comicios legislativos que considera un nuevo intento de los islamistas para asegurarse el dominio en el poder.

Según Mohamed ElBaradei la retórica diplomática ya no vale cuando Egipto se enfrenta al colapso. El líder opositor denuncia que la política de la Hermandad empuja a la población a apoyar, nuevamente, un régimen militar ya que los Hermanos no han entendido –ni mucho menos aplicado– el concepto de derecho y democracia. Incide en la frustración ante la falta de ideas de Mursi. Lo hecho hasta ahora por el Gobierno islamista va contra la revolución. Desde el Frente de Salvación Nacional, el principal grupo opositor no islamista, ElBaradei se opone a un gobierno militar si bien admite que sería aún peor la generalización del actual enfrentamiento entre bandas y facciones armadas.

El regreso de los militares al poder no está, ciertamente, en interés de la democracia. Sería, por añadidura, un pésimo ejemplo en los demás países árabes para los que la experiencia revolucionaria egipcia constituye una auténtica hoja de ruta.

La estabilidad de Egipto tiene, por otro lado, importantes implicaciones de naturaleza internacional y geoestratégica en una región muy volátil. La relación con la Franja de Gaza, la frontera con Israel se ven afectadas por el aumento del terrorismo en la Península del Sinaí, donde ha sido elevado al máximo el nivel de alerta ante el temor de que puedan producirse ataques de grupos yihadistas. Los Acuerdos de Paz de Camp David de 1979 serán respetados –si bien el convenio nunca fue ratificado por un parlamento egipcio democráticamente elegido-. Los acuerdos permiten a los egipcios desplegar sólo un número muy limitado de soldados en la zona; un área de casi 60.000 kilómetros cuadrados por lo que se exigirá la revisión de ésta y otras cláusulas.

Existe un enorme sentimiento de frustración ante la incompetencia de los islamistas en el Gobierno, el fracaso generalizado de la administración y la justicia… y sobre todo la penuria económica. Si bien la población saludó la pérdida del poder militar, hoy ve justamente en las Fuerzas Armadas su salvación del caos. Una normalización en Egipto aparece más lejana que nunca.

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